LIMITACIONES A LA LIBRE DISPOSICIÓN PATRIMONIAL Y PROCESAL

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Limitaciones a la libre disposición patrimonial y procesal.

LIMITACIONES A LA LIBRE DISPOSICION PATRIMONIAL Y PROCESAL

Cuando hablamos de la libre disposición como derecho, debemos saber que, jurídicamente podemos observarla desde dos dimensiones: patrimonial y procesal.

Libre disposición patrimonial.-

El fundamento de la libre disposición como derecho patrimonial, se vio por primera vez en el art. 68 de la Constitución (Cn) de 1841, que establece: ““Todos los habitantes de El Salvador tienen derechos incontestables; para conservar y defender su vida y su libertad, para adquirir poseer y disponer de sus bienes; y para procurar su felicidad sin daño de tercero””. Ahora lo encontramos en el art. 22 de la Constitución de la República, que establece: ““toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es transmisible en la forma en que determinen las leyes. Habrá libre testamentifacción””.

Pero ¿qué debemos entender por patrimonio? Una de las definiciones de la Real Academia Española,  lo ubica como ““el  conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación económica””; sin embargo, dicha definición se queda un poco corta ya que, con toda seguridad podemos afirmar  que jurídicamente el patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones (de valor pecuniario), que pueden ser conservados, gravados o enajenados a voluntad del propietario, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

Partiendo de la definición anterior y lo establecido en nuestra jurisprudencia, es procedente afirmar que la libre disposición patrimonial se encuentra inmersa en el derecho a la propiedad, por lo que para disponer de cualquier bien debe estar sometido a nuestra autoridad. Otro aspecto a dejar en claro es que las personas pueden transferir bienes específicos de su patrimonio, mientras viven; pero se transmite (en su totalidad) únicamente por causa de muerte.

Ahora bien respecto a las limitaciones a la disposición patrimonial se puede afirmar que son circunstancias especiales que impiden al propietario de un bien (mueble o inmueble) disponer a plenitud del mismo. Estas limitaciones generalmente son impuestas por la ley y autoridades en el ejercicio de sus funciones; y de forma excepcional por particulares. Las limitaciones (impuestas por la ley o autoridades) tienden a preservar o proteger derechos de igual o mayor jerarquía que los del propietario, mismos que fueron adquiridos por relaciones contractuales previas (mutuo, hipoteca, venta, etc.) o por la calidad personal que ostenta el beneficiario (madre, padre, hijo, etc.); en el caso de los particulares, dicha limitación, normalmente proviene de un abuso del derecho o de algún acto ilícito (usurpación, poseedor irregular, etc.).

Algunos ejemplos de la limitación a la disposición patrimonial regulada por ley, los encontramos en las siguientes leyes:

  • El art. 105 Cn. limita la extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica en doscientas cuarenta y cinco hectáreas, la finalidad de esta limitación legal, es evitar la concentración de tierras en manos de pocas personas.
  • La Protección a la vivienda familiar, derecho regulado en el artículo 46 del C. Fam., esta limitación protege los intereses del grupo familiar por encima de los derechos del propietario, quien no puede disponer libremente del mismo sino mediante autorización judicial.
  • Los alimentos, (protege a las personas estipuladas en el artículo 211 inciso segundo, 248, 249, etc. del Código de Familia); este derecho se constituye de forma voluntaria y judicial, sin embargo su cese solo procede mediante resolución judicial. Este derecho trasciende la relación matrimonial, ya que en un proceso de divorcio con hijos menores de edad, se establece una cuota alimenticia, misma que solo puede ser renunciada por el hijo cuando cumpla la mayoría de edad (sin embargo es una posibilidad que en la práctica no suele darse).

El Código Civil también contiene limitaciones a la libre disposición patrimonial, ejemplos son:

  • Las asignaciones alimenticias en la sucesión testamentaria; el art. 1141, establece la obligación del testador de fijar la cuantía de alimentos que está obligado a dar, si no lo hace, el beneficiario tiene derecho a reclamarlos judicialmente.
  • Aceptación de Herencia con beneficio de inventario (artículos 1169 al 1185, del Código Civil) cuando el patrimonio está conformado más deudas que bienes a repartir. En este caso los bienes son utilizados para el pago de las deudas hasta el monto que se pueda cubrir, motivo por el cual los bienes nunca llegan a los herederos.

En ambos casos el causante dispone de sus bienes pero al existir en el patrimonio más deudas que bienes es imposible que estos lleguen a las personas que él pretendía que llegaran.

Libre disposición procesal.- 

Ahora bien en lo que respecta a la libre disposición procesal, tenemos que esta inicia de dos formas (i) Con la facultad de las personas para iniciar, continuar y finalizar a un proceso para hacer valer sus derechos, art. 6 Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM); y (ii) que en caso de ser demandadas, decidan voluntariamente si se allanan, se oponen o si no ejercen ningún tipo de defensa contra la pretensión incoada.

En este punto, el art. 12 del Código Civil establece: ““Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia”” por lo tanto, la libertad de la disposición procesal, tampoco es absoluta; asimismo, la honorable Sala de lo Constitucional se ha pronunciado respecto de la disponibilidad de los derechos procesales y en sentencia pronunciada a las doce horas y cinco minutos del quince de febrero de dos mil dos, en el proceso de inconstitucionalidad bajo referencia 9-97 sostuvo:

“““De acuerdo a la anterior construcción jurisprudencial sobre el tema de la disponibilidad de los derechos constitucionales en general, se concluye que los derechos procesales –categorías y formalidades esenciales–, integrantes del debido proceso no pueden ser objeto de renuncia extra-procesal –entendida la renuncia como específica manifestación de la disponibilidad de “derechos de naturaleza procesal”–; pero sí pueden renunciarse expresa o tácitamente dentro del proceso, independientemente del “derecho” de que se trate, no obstante su carácter institucional””.

Como ejemplos ilustrativos que limitan la libre disposición procesal, están los arts. 129 y 130 CPCM, que si bien permiten la renuncia al derecho material y el desistimiento de la instancia respectivamente, establecen supuestos que limitan el ejercicio de dicho derecho, como lo es que: (i) la renuncia sea personal, clara, expresa, sin condición alguna y que se formule apud acta o por medio de apoderado con poder especial; y (ii) que el desistimiento sea antes de que el demandado sea emplazado para contestar la demanda, citado para la audiencia, y/o cuando el demandado se encontrare en rebeldía, en cualquier otro caso el desistimiento deberá contar con la conformidad del demandado.

 Bibliografía.

  1. Víctor de Santo, (1999). Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, editorial universidad. Buenos Aires
  2. Amparos: (i) 27-G-96 del 23de julio de 1998; (ii) 10-2001 del 26 de Septiembre de 2001; y (iii) 551-99 del 28 de Septiembre de 2001.
  3. Constituciones políticas de El Salvador de 1841 y 1983.
  4. Código de Familia de el Salvador.
  5. Código Procesal Civil y Mercantil.

Si quieres citar este artículo, hazlo así:

CHÁVEZ, CESAR. “LIMITACIONES A LA LIBRE DISPOSICIÓN PATRIMONIAL Y PROCESAL”. Publicado en la Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 18 de junio de 2017. http://www.enfoquejuridico.info/wp/destacado-portada/limitaciones-a-la-libre-disposicion-patrimonial-y-procesal/

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