QUIÉN TIENE MÁS… DEBE PAGAR MÁS!

0
2072
views
Quien tiene más... debe pagar más!/Foto modelo de vivienda de residencial Portal Tierras Altas, San Salvador.

El impuesto a la propiedad es uno de los tributos más antiguos de la civilización, existe en la mayoría de los  países latinoamericanos, incluyendo todos los países centroamericanos, a excepción de El Salvador donde ha tenido mucha resistencia para legislarlo. Se trata efectivamente de un impuesto directo, es decir un tributo que hace una persona al Estado, sobre quien se ha hecho un análisis indicativo de su capacidad económica en relación a la/las propiedad/es inmobiliaria/s que posee, su hecho generador lo constituye la propiedad de bienes inmuebles.

Es pertinente que sea para bienes lujosos, donde el sujeto pasivo son aquellas personas dueños por ejemplo de casas de habitación, predios baldíos, lotes y solares urbanos que en individual o en conjunto (cuando son varios) superen cierta cantidad de dinero, un proyecto de ley en este país fijaba como cantidad los 350 mil dólares.

La base imponible de este impuesto puede variar dependiendo de cada país, de las que podemos mencionar: aquel que se fundamenta por el valor de la tierra es decir el impuesto se determina a partir del valor de la propiedad, menos el costo de la construcción y sus mejoras: valor de la tierra; el  alquiler pagado por el inquilino, es decir calculado por el ingreso neto del alquiler: valor de alquiler; cuando se basa en el valor de la propiedad, ubicación y de la construcción: valor por unidad; y el que se fundamenta  por el precio entre el vendedor y el comprador basado en venta de propiedad similares, depreciación de costos y capitalización de ingresos: valor del mercado.

Existen diferentes métodos como criterio de valoración, entre ellos: el comparativo, costo de reproducción, costo de reemplazo y renta, sin embargo estos métodos permite la especulación, por lo que consideramos más recomendable para países como el nuestro y en razón a la realidad que vivimos utilizar la base imponible del valor del mercado.

El valor del mercado ayuda a minimizar la especulación de la tierra y las fluctuaciones desproporcionadas de su valor, es decir permite fijar un valor de mercado para la venta de inmuebles. Por ejemplo si se tomara como base imponible el valor de la tierra, permitiría que inversionistas de la construcción dieran el mismo tributo en un terreno ubicado en Soyapango a un terreno ubicado en Santa Elena, sin importar las ganancias que reciban, en cambio con el valor del mercado le permite al Estado recibir impuestos dependiendo de la zona en donde se haga una construcción y al valor de los inmuebles similares de la zona, lo que directamente posibilita recibir mayor tributo, e indirectamente concede la promoción de construcción de hogares para personas de escasos recursos.

Para la fiscalización de los inmuebles consideramos idóneo la creación de una Superintendencia, pues esto garantizaría mayor autonomía y mayor control, además de generar confianza a los contribuyentes y trabajar para que este impuesto sea visible, transparente, con alto grado de responsabilidad en la administración, además de establecer valores estándar en el precio de la vente de inmuebles, un elemento importante para la planificación urbanística y un potencial para el desarrollo del mercado de bienes y raíces.

Normalmente son los gobiernos locales quienes administran este impuesto, lo que permite la descentralización fiscal del Estado y fortalece las municipalidades, sin embargo consideramos que a nivel nacional existe mayor transparencia en el manejo de fondos por parte del gobierno central que en las mismas municipalidades, ya que proporciona un mayor control por parte de la ciudadanía, además de los beneficios de uniformidad de procedimientos y procesos, un único sistema informático que debería ser un trabajo en conjunto con el Centro Nacional del Registro, y permitiría identificar fácilmente al contribuyente que no pague, tomando en cuenta la extensión territorial de este país y que muchas alcaldías no poseen el recurso humano y material para llevar a cabo la ejecución de este impuesto.

Muchos defensores del capitalismo, expresan que este impuesto desanima la inversión, sin embargo esta tesis ha sido desvanecida, tal como lo ha mostrado el empirismo a nivel mundial, por ejemplo estudios desarrollados por la Universidad de Maryland, expresan que este impuesto a la propiedad inmobiliaria es una herramienta eficaz para financiar la infraestructura pública pues valoriza la propiedad, evita la especulación y sienta bases de desarrollo económico.

La ausencia de este impuesto ha generado en nuestro país un desarrollo urbano desordenado, e impide que el gobierno regule a los dueños hacer ventas exorbitantes y desproporcionales.

También es de considerar si a las empresas se les debe cobrar la misma tarifa o alícuota que a las personas naturales, que según el proyecto que posee la Asamblea Legislativa es del 1% sobre la base imponible, pues si bien por un lado las empresas generan ganancias a través de sus bienes inmuebles, además de requerir mayor inversión en servicios públicos, podrían de alguna manera cobrarle este impuesto a sus consumidores, sin embargo es aquí donde el gobierno debe tener un dialogo de solidaridad para con la población, hacer conciencia de la responsabilidad social y tener transparencia en el dinero que se recaude pues sin ninguna duda es beneficioso para las empresas la implementación de políticas para generar mejores condiciones para su inversión.

Si se implementara este impuesto fácilmente se llegaría a un 0,7 % más de recaudación fiscal del Producto Interno Bruto, es decir unos 160 millones de dólares al año, más de los 140 millones de dólares que ha pretendido el ejecutivo obtener con el impuesto a las telecomunicaciones, que acelera la desigualdad en el país.

Consideramos acertada la recomendación de OXFAM Internacional para la creación del impuesto a la propiedad inmobiliaria en El Salvador, que si bien el camino principal es evitar la elusión fiscal, medidas como estas permiten estrechar la brecha de la desigualdad, pues el dinero percibido por este impuesto beneficiaría a los más pobres en la aplicación y ejecución de políticas públicas a su favor, en tal sentido cumple con la equidad en el tributo (art. 131 ord. 6° Cn.,) al cumplirse los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscación.-

Se necesita hacer un alto a la manipulación del sistema fiscal en beneficio de intereses particulares, dejar a un lado la influencia política y dar lugar a la implementación de un impuesto equitativo, pues quien tiene más… debe pagar más, ya que lo que se invierta en contra de la desigualdad de manera directa incide en la lucha contra la corrupción y combate las causas que originan la violencia.

Deja un comentario