¿QUÉ DEJAN ESTOS TRES AÑOS DEL GOBIERNO DE SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN?

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Errada decisión de la presidencia  de El Salvador en elegir el Centro de Gobierno como escenario para anunciar su informe anual, decisión que ha mostrado la incapacidad del vice ministerio de transporte de preparar un plan para conducir un tráfico que se convirtió en un caos vehicular, afectando a quienes deberían ser considerados como el origen y el fin de la actividad del Estado, aquellos por quienes cada funcionario se deben. Sin embargo ese ha sido la constante en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, ausente por organizar un mandato consecuente a la justicia y el bien común.

Este gobierno ha masacrado la esperanza de un pueblo que dio la primera victoria electoral a un gobierno de izquierda, en un país cultural y ritualmente derechista, un quiebre de paradigma que no ejecutó el gran significado de ese acontecimiento.

En tres años, el gobierno ha vivido ausente de un líder que dirija un rumbo específico, donde poco se puede distinguir la mano de Salvador Sánchez Cerén, llegando a dejar serias dudas de quien es la mente que realmente gobierna al país, esto mucho surge por la distancia que ha caracterizado al presidente electo frente al pueblo, donde sus voceros hablan pensando más en su carrera política que en el beneficio del bien común.

¿Qué dejan estos tres años?

Un gobierno sin postura en casos icónicos del extremismo de la dictadura militar, como la masacre a los padres Jesuitas y sus colaboradores, la masacre del cantón El Mozote y sus aledaños, el asesinato de nuestro pastor el Beato Oscar Romero, etc.

Un gobierno que defiende el empleo esclavista como el desarrollado por las telefonías, los call centers, las maquilas con mano de obra barata; sobran ejemplos de miles de personas que han sido violentadas en sus derechos al trabajo digno y un pago salarial justo, mientras tanto el vicepresidente Oscar Ortiz se ha desbocado en elogios por esa inversión.

Un gobierno que ha mostrado una cara dispuesta a defender y a hacer lo necesario por blindar a los suyos, que puedan ser señalados con casos de corrupción o enriquecimiento ilícito: caso Mauricio Funes, caso Sigfrido Reyes, caso José Luis Merino, caso Oscar Ortiz, caso Rodil Hernández, etc, etc.

Un gobierno que no le importa violar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de sus familias, de sus representantes, incluso de la población en general, por presentar estadísticas que disminuyan en cantidad los asesinatos pero no resuelven de ninguna manera el origen y causas de ese problema, medidas que van contra del fin resocializador, aún más extremista que los pasados gobiernos con políticas de mano dura y súper mano dura, criticados por quienes eran en ese tiempo partido de oposición.

Un gobierno incapaz de liderar una reforma fiscal, que ha buscado la aprobación de presupuestos desfinanciados, lo que muestra una desorganización en su estructura y la especulación para los trabajadores públicos si al final del mes recibirán o no su salario, o para los jubilados su pensión.

Un gobierno reprobado en materia de educación, salud y transporte, áreas que afectan directamente a los más vulnerables, por quienes se pensó que el ideal de izquierda iba a dar prioridad (contrario a ello se ha visto que prioriza por sectores siempre privilegiados, como el cafetalero) a la fecha el gobierno no percibe lo deficiente de estas áreas, lo mucho que afecta a la población, con discursos maquillados y populistas.

Es evidente que buena parte de la población no confía en los políticos actuales que datan de casi un siglo atrás, la política en este país ha sido sentenciada por el cáncer de la corrupción, un problema mucho más grave que la inseguridad, pues ¿Cómo realizar programas en contra de la delincuencia si el dinero del pueblo va a parar a cuentas personales?

El cambio que tanto se anunció por la izquierda ha sido una falacia, no existe, no lo siente el pueblo; lo que se observa es a funcionarios inmaduros que viven peleando por el pedazo más grande del pastel, pero lo más lamentable aún es que las personas, el pueblo, quienes deberíamos ser sus auditores, no reaccionamos ni exigimos lo que es nuestro.

Sin reacción seguiremos de pique hacia abajo, pero esto no parará si pensamos que un empresario o un revolucionario cambiarán nuestro destino, o por creer en partidos del pasado que saquearon el país y a la fecha siguen gozando de impunidad y complacencia de actores como la misma Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional, pasa por la exigencia de nuestros derechos, pasa por abolir los principios capitalistas, pasa por apoderarnos del bien común, de apoyarnos como pueblo, de invertir en educación, salud, en nuestra niñez, adolescencia y en las mujeres.

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